El Gobierno catalán debate desde hace un mes un documento que pretende ser el borrador del programa ideológico de Convergència Democràtica (CDC) para la próxima década, y que sirva de base para las elecciones autonómicas de 1992. La obsesión por inculcar el sentimiento nacionalista en la sociedad catalana, propiciando un férreo control en casi todos sus ámbitos -el documento propugna la infiltración de elementos nacionalistas en puestos clave de los medios de comunicación y de los sistemas financiero y educativo-, y las referencias a un ámbito geográfico -los Países Catalanes- que sobrepasa los límites del Principado, son algunos ejes del que viene a ser el Programa 2000 de los nacionalistas catalanes.
El documento, de 20 folios de extensión, equipara Cataluña a los Países Catalanes -entendiendo estos como el área de influencia de las comunidades catalana, valenciana y parte de sureste francés-, y sostiene que Cataluña es una «nación europea emergente», una «nación discriminada que no puede desarrollar libremente su potencial cultural y económico». Desde esta perspectiva, los redactores del documento resaltan que la búsqueda de la soberanía hace imprescindible la «sensibilización ciudadana hacia el reforzamiento del alma social», objetivo que persiguen las directrices dadas en el texto, entre las que se incluye la reforma del Estatut.
El documento propugna la configuración de un sociedad catalana de claro corte conservador, en la que tengan vigencia «Ios valores cristianos» y en la que se fomenten las «fiestas populares, tradiciones, costumbres y trasfondo mítico». Una sociedad a la que se debe sensibilizar sobre la «necesidad de tener más hijos para garantizar su personalidad colectiva».
Objetivos
Para cumplir sus objetivos, los ponentes no ocultan la necesidad de controlar a los educadores para que cumplan lo estipulado en la doctrina nacionalista. Se aboga, así, por «vigilar la composición de los tribunales de oposición» para todo el profesorado.
Asimismo, se alienta a «reorganizar el cuerpo de inspectores de forma que vigilen la correcta cumplimentación de la normativa sobre la catalanización de la enseñanza». También se considera necesario «incidir en las asociaciones de padres».
La voluntad de dirigismo queda de nuevo patente en el apartado relativo a los medios de comunicación: hay que «introducir gente nacionalista (…) en todos los puestos claves de los medios de comunicación». También se postula «incidir en la formación inicial y permanente de los periodistas y de los técnicos de comunicación para garantizar una preparación con conciencia nacional catalana».
El documento promueve la creación de organizaciones patronales, económicas y sindicales catalanas, y la conveniencia de diseñar «una estrategia para optar a los cargos directivos de las instituciones» financieras.
De igual forma, se propugna «incidir sobre la administración de justicia y orden público con criterios nacionales», y revisar los mecanismos de acceso y promoción del funcionariado.
El Consell Executiu de la Generalitat ha abordado en las últimas semanas diferentes aspectos del documento y su presidente, Jordi Pujol, ha mantenido reuniones individuales con miembros de su Gobierno y con diferentes dirigentes de la coalición nacionalista. Pujol distribuyó un preborrador del documento a los miembros del Gobierno catalán al inicio de las vacaciones de verano de 1989 con el ruego de que lo leyeran y que, en septiembre, hicieran sus aportaciones.
Notas de Pujol
Poco o casi nada se volvió a hablar del asunto en un año. Hace dos meses, Pujol repartió el documento, que tenía novedades. A diferencia de la ocasión anterior, el presidente de la Generalitat solicitó que las aportaciones al documento se hicieran llegar con rapidez y pidió a los consejeros que lo distribuyeran entre los secretarios generales de los departamentos para que abordaran conjuntamente aspectos que les corresponden y propusieran iniciativas.
La génesis del documento se produce a partir de unas notas de Pujol. Aunque no tiene, aparte del presidente de la Generalitat otros padres, se sabe que han participado los consejeros Macià Alavedra (Economía), Joan Guitart (Educación), Joan Vallvé (Agricultura) y Josep Laporte (Sanidad), así como el secretario general de Convergència, Miquel Roca.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 28 de octubre de 1990
